El gremio plantea que el sistema de sorteo de los jueces y juezas, “excluye a más del 60 % en Chile”, y que de mantenerse algunas propuestas, «implicaría profundizar y conservar las ya insostenibles críticas al sistema actual”.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, manifestó “su extrema preocupación por las significativas falencias técnicas y conceptuales del texto de la Constitución Política de la República que está propuesto al día de hoy”, en lo que dice relación al “Poder Judicial”.  

Parte del mandato de la asociación gremial, “es hacer llegar una opinión reflexiva” a la instancia de “desarrollo del proceso constitucional», se lee en el documento. 

En este sentido, la organización, que reúne a más del 70% de jueces y juezas del Poder Judicial chileno (1.200 socios), plantea que si bien lo que va de la propuesta “advierte un avance en disposiciones orgánicas y funcionales, se visualizan en esta etapa normas que constituyen una grave afrenta a la función judicial”. Esto porque no se establece “un diseño que dé garantías a la ciudadanía de un Poder Judicial independiente”.

La Asociación de Magistrados, prevé que el Artículo 25° que interfiere con la labor de aplicación e interpretación judicial en materia de derechos constitucionales, arriesga una posible erosión profunda de la tutela judicial efectiva.

¿Qué es la tutela judicial efectiva?

De acuerdo a la abogada Maite Aguirrezabal Grünstein, el derecho a la tutela judicial efectiva es posible definirlo como “aquél que tiene toda persona a que se le haga justicia: a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”.

Problemas de independencia

El gremio dice que tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional, “ha existido un consenso en la necesidad de separar las funciones de gobierno judicial (velar por la correcta aplicación de la Ley y el respeto de los derechos a la población)» de aquellas que dicen relación con la “actividad jurisdiccional, condición esencial de una magistratura orgánica y funcionalmente independiente”.

Otro problema que identifican, tiene que ver con las propuestas del Consejo. Los jueces dicen que estas le entregan importantes funciones de gobernanzas a la Corte Suprema, “lo que no solo afecta la independencia interna del Poder Judicial sino que afectará el rol de la Corte Suprema como órgano jurisdiccional y uniformador jurisprudencia”, plantearon. 

Sin ir más lejos, exponen que la conformación e integración de los órganos propuesta por el pleno, “se aleja de las directrices de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa”. Ligadas estrechamente a materias sobre independencia judicial, ya que “ estos órganos deben ser integrados mayoritariamente por jueces y juezas elegidos por ellos mismos”, expusieron.

¿Que plantea la propuesta del Consejo?

La propuesta, para el caso de representantes de los jueces y juezas establece un sistema de designación mediante sorteo, a diferencia de lo propuesto para el de ministros y ministras de cortes de Apelaciones y Suprema, donde su representante puede ser elegido entre pares, esta distinción, exclusión o restricción para todos los jueces de primera instancia carece de toda justificación razonable.

“Se excluye a más del 60% de jueces y juezas”

La iniciativa sobre el sistema de sorteo, dicen los miembros del gremio, “excluye a más del 60 % de jueces y juezas de Chile”. 

De esta forma, la propuesta sólo consideraría como “sorteables”, a aquellos jueces y juezas de asiento de Corte con más de 10 años en el cargo. 

Bajo esta línea, arguyen que “este diseño sólo replica la jerarquía actualmente existente, la cual ya se ha indicado por la Corte Interamericana y esta Asociación que atenta contra la independencia interna”. 

Por último, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, hizo una llamado “a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante un texto constitucional para su aprobación frente a la ciudadanía”, a que tengan en cuenta que si los aspectos mencionados en la carta se mantienen, «implicaría profundizar y conservar las ya insostenibles críticas al sistema actual”. Y que de esta forma, la deuda que por años ha existido con las exigencias del sistema interamericano, de contar con una judicatura independiente seguiría vigente. 

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