Comisión Chilena de DD.HH. denuncia ante la ONU vulnerabilidades de texto constitucional.

“Los términos del texto son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos reseñadas (…), las que todos los órganos y Poderes del Estado de Chile están obligados a respetar”, detalla el presidente de la Comisión Chilena para los DD.HH, Carlos Margotta, en una denuncia formalizada ante el alto comisionado de Naciones Unidas.

A menos de un mes para que se lleve a cabo el plebiscito de salida del 17 de diciembre, que zanjará el destino de la propuesta de Constitución, el texto ya lidia con un nuevo problema. Puesto que, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) envió una carta al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtiendo respecto de las vulneraciones a los derechos humanos que implica la propuesta de Carta Magna.

Con el documento en poder de los chilenos para su lectura, y en la previa del referéndum, Margotta se acercó al funcionario de la entidad internacional “para denunciar las graves vulneraciones a los derechos humanos que contiene el texto constitucional aprobado en dicho proceso”.

Más adelante, advierte que “el texto aprobado constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y vulnera normas expresas contempladas en distintos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado y que, por lo tanto, que el conjunto de los órganos y poderes del Estado tienen la obligación de respetar”.

Para ejemplificar lo expuesto, profundiza algunos “tópicos del texto, que demuestran claramente los fundamentos de nuestra denuncia”. Además, agrega desglosando cada uno de los ítems que preocupan a la entidad que lidera, entre los que destacan: los fondos de pensiones y derecho de salud.

Fondos de pensiones

Luego de un detallado análisis, Margotta explica que como consecuencia de la elaboración del texto a plebiscitar por parte de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional “se mantuvo la idea de constitucionalizar el sistema de administradores particulares de los fondos de pensiones.  Y, sin tocar su finalidad -el lucro y no el bien común o el desarrollo humano-, ignorando su grave falencia como sistema de ahorro individual menguado por los aportes solidarios y pensiones solidarias”.

“Igualmente, la consagración de la propiedad de las cotizaciones previsionales en la seguridad social, sin la consagración de la solidaridad, dificulta la discusión sobre pensiones al cuestionar y contradecir el Estado Social Democrático de Derecho”, agrega el presidente.

Por otro lado, la CCHDH asegura que “estando de acuerdo que las cotizaciones previsionales que ingresan a las cuentas individuales del trabajador son de su propiedad, y garantizan sus derechos previsionales (…). Los aportes previsionales de los empleadores deberían también poder destinarse a otorgar solidaridad en forma colectiva al sistema de seguridad social”.

Derecho a la salud

En tanto, apuntando al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en Chile, se establece que las obligaciones de los Estados respecto al Derecho a la Salud, se dividen en tres categorías: respetar, proteger y realizar.

“El Derecho a la Salud consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, es distinto y opuesto a la concepción consagrada en la propuesta constitucional. Pues no se compone por una mera protección al acceso ni centrado en la libertad de elección, sino que, en el derecho de toda persona por ser persona de tener el mayor y posible bienestar físico, mental y espiritual”.

De igual manera, la CCHDH asegura que “el proyecto constitucional de 2023, perturba, amenaza y contradice gravemente” al sistema de salud “al mantener un orden público económico excesivamente liberal”. Además,apunta a que “el enfoque establece mayores restricciones y obstáculos para el Estado a la hora de limitar la propiedad privada y la libertad económica, lo que reduce los derechos sociales a meras elecciones”.

En consecuencia, la comisión dirigida por Margotta, solicita “al alto comisionado que remita esta denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados Partes”.

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