Abogados concuerdan en que propuesta no acaba con la propiedad del agua y se retrocede con el rol de las concesiones que se fijaron en el Código de Agua en 2022.

La propuesta constitucional consagró “el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo”, dice en su Artículo N°16 (Revisa el comparador sobre medio ambiente).

Sin embargo, diversos abogados cuestionaron esta norma y otros apartados, ya que “incentiva el desarrollo económico y la protección a la privatización», aseguró a Cobertura, Roxana Núñez, abogada y directora de investigación, de la Fundación Escazú Ahora Chile. 

Núñez, dice que “existen diversos temas para argumentar”, que la idea de Carta Magna emanada por el Consejo Constitucional, “tiene retrocesos”. 

Esta propuesta, “separa el desarrollo de la sustentabilidad”, algo que siempre se ha entendido como  “desarrollo sostenible: un concepto unitario que guía, que va de la mano del desarrollo económico, de la protección del medio ambiente”, explicó. 

La abogada cuenta que al separar estos conceptos, se estaría incentivando “más bien el desarrollo económico y la protección a la privatización”. 

Derechos de agua y Recursos Naturales

La Constitución de 1980, cuenta la abogada, “se estableció un derecho de propiedad sobre las aguas, un derecho de aprovechamiento, lo cual fue modificado en cierta forma con la reforma del Código de Aguas del año 2022, en que este se estableció el derecho de concesión y se terminó con la figura del propietario, fijándolo como un titular de este derecho de concesión”, precisó. 

El problema, cuenta Núñez, es que si se toma este punto, “como de partida, lo que propone el nuevo texto es enfatizar el carácter privado de este bien natural, borrando que es de interés público, que es lo que guiaba también esta reforma del año 2022 del Código de Aguas, ya que establece en un nuevo artículo que consagra que se podrían disponer, transmitir y transferir tales derechos”.

El académico de la UDP, Javier Couso, afirmó para el medio Lupa Constituyente, que de aprobarse la propuesta: “se abre la judicialización, porque por una parte efectivamente se consagran unos principios que declaran la necesidad de proteger los ecosistemas, la naturaleza y el medio ambiente. Pero por otra parte se regulan los derechos de aprovechamientos de agua que otorgan algo muy parecido a la propiedad privada”. 

Núñez, cree que la propuesta en esta materia, tiene “muchas contradicciones, es regresiva, es contraria a los estándares internacionales en materia de protección del medioambiente y derechos humanos”, y agrega que “está a la orden del desarrollo económico, fortalece nuevamente el desarrollo económico y la protección de los privados por sobre el medioambiente”. 

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